El derecho a la vivienda: punto álgido en España

Aunque es uno de los derechos más presentes en la retórica política española, y está presente en la Constitución y estatutos internacionales, es también uno de los más difíciles de ver efectivo en el país en la actualidad. El derecho a la vivienda en España es uno de los temas que más se debaten. En Urbanaliza te explicamos.

Existen datos que traen al debate público actual cuánto se da o protege este derecho a los españoles, y todo a raíz de ciertas situaciones que han revelado cuan frágil pueden ser las garantías sobre esta legitimidad universal que tienen los ciudadanos.

Algunas de las situaciones que han puesto en peligro el derecho a la vivienda son los altos costos de alquileres que ocasionan un gran número de  desahucios anuales, así como los elevados precios de compra, entre otros. Según datos de diversos organismos, los arrendamientos han subido hasta 30 veces más que los salarios en los últimos cinco años.

Para un español promedio, esto afecta su situación de vivienda al tener que gastar más de 40% de su salario para poder costear un sitio donde vivir.

La legalidad

Ahora, ¿existen leyes o normativas en España que promulgan este derecho? Sí, la Constitución expresa en su artículo 47, que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Uno de los puntos del debate sobre esta legislación, y que señalan algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de defensa de derechos humanos es que aunque la constitución reconoce este derecho, no tiene un carácter fundamental vinculante, “sino de principio rector para los poderes públicos”, como destaca la ONG Amnistía Internacional.

Algunas de las legislaciones más importantes a nivel de vivienda en España son la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal y/o la Ley de Ordenación de la Edificación, entre otras más, las cuales regulan tarifas y procesos para alquileres y compra/venta de propiedades, comunidad de propietarios o garantías de nueva construcción. 

Asimismo, a través del derecho internacional mediante la firma de tratados y la afiliación a organismos globales -como la Organización de las Naciones Unidas-, el derecho a la vivienda en España debe estar garantizado por el gobierno a todos sus ciudadanos por igual.

Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos le da a la vivienda un espacio de vital importancia en su artículo 25.1, en el que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”.

La Unión Europa también contempla esta normativa en su Carta de Derechos Fundamentales (artículo 34.3), como forma de contribuir a las mejoras sociales para los ciudadanos.

Los Okupas

En las últimas décadas ha surgido en el país un movimiento de ocupación de viviendas o propiedades que se encuentran abandonadas. Estas “okupaciones” han causado revuelo y han aumentado en número en los últimos años, sobre todo en algunas regiones españolas.

Cataluña es la región con más casos. Medios de información han reportado que al menos 3.611 viviendas catalanas han sido ‘okupadas’ en los primeros seis meses de 2020.

Pero ¿por qué causan tanto revuelo estos sucesos? Debido a que se tratan de ocupaciones ilegales a propiedades privadas que se encuentran deshabitadas temporal o permanentemente, incurriendo en delitos penados según ciertas normativas españolas.

Además, otro de los problemas que han elevado esta situación a un gran debate es que los procesos judiciales para recuperar los domicilios por parte de sus propietarios, son muy lentos y existen leyes que chocan entre el derecho a la propiedad privada y el de tener una vivienda.

Sin embargo, muchas organizaciones siguen en la puja para que existan mejores garantías a estos derechos y no solo los españoles puedan acceder a tener un techo donde vivir, sino que se evalúen y tomen correctivos sobre las causas reales de por qué cuesta.